Ante la situación de profunda incertidumbre acerca del futuro de la democracia en nuestro país, de la libre participación política de los sectores populares y de las amenazas de proscripción a las personas que lideran espacios de participación popular, nos sentimos llamados a expresar nuestra preocupación. Por eso afirmamos:
No se puede dejar la democracia en manos del menos democrático de los tres poderes del Estado.
No es tolerable que se niegue el derecho a la defensa a nadie, ni a los pobres que llenan nuestras cárceles, ni a Cristina Fernández de Kirchner, como tampoco se puede avalar la incorporación de pruebas en el alegato sin que ellas hayan sido incorporadas en etapas anteriores del debido proceso. Asimismo, no es ético ni procesalmente justo basar las acusaciones en un supuesto “sentido común” o supuestas medidas de peso de pruebas no especificadas.
No se puede permitir que un diputado, ni ningún otro funcionario o funcionaria, afirmen cosas como “lamentablemente no tenemos pena de muerte”.
No deben avalarse las acciones de medios de comunicación que recibiendo dinero del Estado por millonarias pautas, hacen lo posible por desinformar, generar odio o bronca y, más grave aún, violencia.
Ningún país puede funcionar sin justicia, y sin ella la sociedad se desarticula. No esperamos ni pretendemos beneficios para nadie, pero sí justicia. Una sentencia debe ser dictada por certezas, no por sensaciones; por pruebas y no por tapas de diarios; por dinámicas transparentes y no guiadas por el odio –que no parece tolerar que los pobres tengan los mismos derechos–, el racismo y el clasismo. Sin justicia será “poder” pero nunca “judicial”.
También afirmamos que:
- La democracia está y siempre debe estar cuidada por el pueblo, pero también por los tres poderes de la Constitución.
- Necesitamos transparentar y agilizar los procesos de justicia para que todos y todas puedan acceder a una defensa justa, donde lo que se pruebe sea la culpabilidad y no la inocencia.
- Exigimos a los funcionarios de cualquier poder del Estado evitar todo tipo de palabras que inviten a la violencia para con una o muchas personas.
- Deseamos que los medios cumplan la función de comunicar lo máximo y lo mejor posible, y nos negamos a que nuestro país siga reduciendo ayudas a los pobres y sosteniendo a quienes más daño le hacen a nuestra democracia.
Grupo de Curas en Opción Preferencial por los Pobres (CPP):
Es un colectivo de sacerdotes herederos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, surgido en la pos dictadura Argentina, en el año 1986, desde entonces ha decidido orientar su acción pastoral al servicio de los sectores populares. El grupo está conformado por curas de todo el país, principalmente de Buenos Aires. Su organización se basa principalmente en un encuentro anual entre todas las regiones donde exponen las actividades llevadas a cabo por cada diócesis, realizan un análisis de la realidad y emiten comunicados, cartas y mensajes a toda la sociedad. En muchos de sus comunicados se puede observar que denuncian las políticas neoliberales que provocan pobreza, desigualdad social, analfabetismo, desnutrición, falta de acceso a la tierra, cuestionan la acumulación de riquezas, la fuga de capitales y de qué manera afecta esto a los trabajadores en su conjunto. Muestran su apoyo a la lucha de los organismos de derechos humanos, denuncian las atrocidades cometidas en la última dictadura militar y la complicidad de un sector de la iglesia. Sus documentos reflejan una actividad pastoral comprometida con las luchas y con los sectores desfavorecidos.